En los entornos libertarios el proceso soberanista catalán ha gozado de un respaldo considerable al considerarse que la secesión de Cataluña supondría una fragmentación del monopolio territorial ejercido por el Estado español. Ésta es una razón bastante ingenua, porque, como afirma el abogado español Javier Pérez Bódalo, si bien el Estado es malo, tratando de fracturar uno concreto no se va a conseguir su desaparición como entidad política.

Por otra parte, es improbable que la Cataluña independiente se vaya a convertir en una Sociedad de Derecho Privado, como desearíamos los anarcocapitalistas, o por lo menos en una sociedad de Estado mínimo, como desearían los minarquistas. El ADN del procés es el totalitarismo, se trata de un proyecto de ingeniería social y su norte es el debilitamiento de las libertades. Un libertario no debería apoyar lo que se está maquinando en aquella región de España. A continuación, intentaré esbozar una crítica libertaria de los tres aspectos del procés: la ideología que lo inspira, la forma en la que se ha venido desarrollando y el resultado esperado.

Los fundamentos ideológicos del procés

El independentismo catalán [1] está basado en un nacionalismo de carácter en un nacionalismo de carácter centrífugoque es aquel que pretende la secesión de una parte del territorio de un Estado habitado por una población con características diferenciadoras del grupo nacional considerado mayoritario, las cuales pueden ser de tipo social, lingüístico, histórico y/o cultural.

En el independentismo catalán existen dos vertientes: aquella que propone la secesión de Cataluña a partir de los límites actuales de la comunidad autónoma, y la “pancatalanista” que plantea la integración de los denominados Països Catalans (Países Catalanes) en una gran federación independiente de España y al margen de organismos supranacionales como la OTÁN y la Unión Europea. En esta utopía participarían la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, la Franja de Aragón y la región del Carche (Murcia), en España; el territorio histórico del Rosellón, en Francia; el Principado de Andorra; y la ciudad de Alguer en la isla italiana de Cerdeña.  

Los independentistas fundamentan sus reivindicaciones en el principio de autodeterminación, el cual establece que los pueblos tienen a derecho a decidir por sí mismos su organización política interna y su lugar en la comunidad internacional de Estados de acuerdo con el postulado de la igualdad soberana. En el ejercicio de este derecho, un pueblo puede decidir la conformación de un Estado independiente, la integración a uno ya existente, la libre asociación o la adquisición de cualquier otro estatus político decidido democráticamente por la población. Estas ideas han sido grabadas a sangre y fuego por los independentistas bajo la consigna “Som una nació. Nosaltres decidim” (Somos una nación. Nosotros decidimos).

El mantra separatista se sostiene en un discurso victimista. Los separatistas saben que para lograr sus objetivos deben despertar las pasiones más bajas de la población, con el fin de generar un clima de tensión social que puedan usar a su favor. Un hecho que no se ha explicitado hasta ahora es que el movimiento independentista está en el poder y su discurso se ha convertido en santa palabra. Es en este punto donde cobra todo el sentido la definición de totalitarismo ofrecida por Henry Hazlitt: “(el totalitarismo) pertenece a una forma centralizada de gobierno en la que los que están al mando no conceden reconocimiento ni tolerancia a partidos de diferente opinión”. Por “partidos”, también se entiende a todas aquellas asociaciones o individuos particulares que osen desafiar el discurso oficial de la Generalitat.

Pero, ¿qué es lo que dice exactamente ese discurso? Tres cosas, principalmente:

  • Espanya ens roba (España nos roba). El esquema de financiación autonómico impone una carga fiscal desproporcionada e injusta sobre Cataluña. Esta situación, denominada por los independentistas como “expolio fiscal”, sería el resultado de una discriminación deliberada por parte del Estado español.

Esta consigna es un rechazo al principio de “solidaridad interterritorial” en el que está basado el sistema de financiación autonómico español, en donde los recursos que se extraen de las regiones más ricas, como Cataluña, son invertidas en las más pobres. Allí, los únicos que ganan son los corruptos partidos políticos, que se llevan una buena tajada de las inversiones.

  • Cataluña fue un país. Los independentistas sostienen que Cataluña es una nación milenaria, los más osados llegan a extremos ridículos como el de afirmar que Cataluña es la “primera nación del mundo” o que fundó el Imperio Romano.

En cuanto a su constitución como Estado, algunos historiadores nacionalistas afirman que Cataluña fue independiente en el pasado según las circunstancias políticas e históricas de cada momento, desde el siglo XI hasta el XVIII fue un Estado, “entendiendo lo que era un Estado independiente en aquel momento”. Esta tesis se sustenta en la existencia histórica de instituciones y constituciones catalanas.

  • Cataluña es una nación oprimida desde 1714. Éste es probablemente el año más importante en la narrativa independentista, pues fue el año en el que supuestamente Cataluña desapareció como nación independiente con la abolición de sus fueros y constituciones (los Decretos de Nueva Planta) por parte de Felipe V en el marco de la Guerra de Sucesión – de Secesión para los independentistas –.

Una posible réplica libertaria

Comencemos por una definición de “nación”. Según Jesús Huerta de Soto es un subconjunto de la sociedad civil, un orden espontáneo y vivo de interacciones humanas que está constituido por una serie de comportamientos pautados de naturaleza lingüística, cultural, histórica, religiosa e incluso racial. Nótese que este concepto encaja perfectamente con la teoría sobre el origen, naturaleza y desarrollo de las instituciones sociales propuesta por los austriacos. Al aplicar estas ideas al caso que nos compete, podemos coincidir con el separatismo en que Cataluña es una nación, pero hasta ahí llegan las coincidencias.

La crítica se dirige al “principio de autodeterminación” invocado por los separatistas, el cual se ejerce a través de una acción colectiva por parte de determinados grupos territoriales, ya sea para liberarse de otros, para permanecer como entidades independientes o para unirse a un tercer grupo.

Gracias a la praxeología, sabemos que toda acción racional es en primer lugar acción individual. Sólo el individuo piensa. Sólo el individuo razona. Sólo el individuo actúa. De ahí que resulte ilógico hablar de “acciones colectivas”.

A partir de esta perspectiva praxeológica, Mises introduce una visión del principio de autodeterminación en clave individualista, al afirmar que “no es el derecho de autodeterminación de una unidad nacional delimitada, sino más bien el derecho de los habitantes de cualquier territorio a decidir a qué Estado desean pertenecer”. Ningún individuo debería mantenerse contra su voluntad en una asociación política en la que no quiere estar.

Sin embargo, Mises comete el mismo error que los seguidores de la visión colectivista del principio de autodeterminación, al afirmar que la única manera de dirimir la pertenencia a un Estado es a través de un mecanismo democrático como puede ser el plebiscito.  En caso de obtener mayoría la opción secesionista, los deseos de la población deben respetarse y se deben cumplir.

El planteamiento de Mises no es compatible con la oportuna interpretación individualista que él mismo ha hecho del principio de autodeterminación. La democracia es una expresión del colectivismo y es ajena a la propia idea de la libertad. El voto de la mayoría al que se refieren Mises (y los separatistas catalanes) es un caldo de cultivo para el conflicto y de ninguna manera permite el ejercicio de la libertad de asociación.

Para ilustrar este punto, revisemos los sucesos del pasado 1 de octubre, día en el que se celebró en Cataluña un referéndum para “decidir” el futuro político de la región.  Según el gobierno catalán, la opción independentista se alzó con la victoria al obtener un poco más del 90% de los votos, la opción de la permanencia en España obtuvo aproximadamente el 8% y los votos en blanco sumaron cerca del 2%. Este proceso estuvo lleno de irregularidades, como la posibilidad de votar más de una vez, en cualquier centro de votación y sin necesidad de estar empadronado en un municipio catalán. Así mismo, muchos ciudadanos que no están a favor del procés no salieron a votar, al considerar ilegítimo el referéndum. Al final de la jornada la impresión que quedó fue que “Cataluña decidió independizarse de España”.

Supongamos ahora que el referéndum se haya realizado bajo las condiciones normales de cualquier proceso electoral: tener un centro de votación fijo, estar empadronado y votar una sola vez. Aún si la opción independentista se alzara con la victoria, con el 90, el 70 o el 51% seguiría siendo absurdo afirmar que “Cataluña decidió independizarse de España” y que, por ende, se debe respetar su voluntad. De nuevo, las entidades colectivas no actúan, son los individuos.

Por otra parte, en caso de que se respetara la voluntad imaginaria de Cataluña y se produjera la independencia, ¿qué pasa con aquellos catalanes que quieren seguir dentro de España? O ¿con aquellos que no quieren seguir dentro de España pero tampoco pertenecer a un hipotético Estado catalán? En ese caso, los habitantes que constituyen la mayoría pro-independencia estarían sometiendo a aquellos que apoyan otras opciones (mantenerse en España o vincularse a un tercer Estado) a pertenecer a una asociación política de la que no quieren ser parte. Por lo tanto, la única manera en la que podrían resultar compatibles la democracia y la libertad de asociación es que el 100% de los catalanes estén a favor de separarse de España para constituir su propio Estado. Ciertamente, éste es un caso totalmente improbable.

Recapitulando un poco, vimos que Mises acepta la autodeterminación a nivel individual pero argumenta que por consideraciones “de orden técnico” sería impracticable otorgar ese derecho a cada persona en particular. Esta contradicción se debe a que piensa en términos territoriales, resultando inconcebible que un individuo pueda integrar por sí solo una unidad administrativa pues tendría que asumir las funciones de seguridad y justicia de la porción de tierra que le pertenezca.

  • Espanya ens roba (España nos roba).  La tesis del “expolio fiscal”, enarbolada por los independentistas, es completamente falsa. De acuerdo con los resultados definitivos del sistema de financiación autonómica [2] correspondientes al ejercicio 2015 Cataluña es la comunidad autónoma que recibe más recursos del modelo de financiación, con 20.134 millones de euros.

Es importante recordar que el sistema de financiación autonómico vigente fue negociado en 2009 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) con el tripartito que por entonces gobernaba en Cataluña (PSC-ERC-ICV), de ahí resultó un modelo con un claro sesgo positivo hacia dicha comunidad autónoma, en detrimento de otras como Madrid. Las propuestas de financiación autonómica que se han formulado en España siempre han obedecido a los caprichos de los gobernantes catalanes.

Al hacer una comparación entre los recursos recibidos y el PIB aportado en cada comunidad autónoma encontramos que, verbigracia, la Comunidad de Madrid recibe del sistema un 7,49% de la riqueza que aporta al país, mientras que Cataluña recibe un 9,86%. Si comparamos los recursos recibidos del modelo de financiación con los impuestos recaudados en cada una de las autonomías, encontramos que Madrid recibe del sistema de financiación aproximadamente el 18% de los impuestos recaudados en su territorio, mientras que Cataluña recibe un poco más del 54%.

La Generalitat de Cataluña también recibe recursos en proporción superior a su población, situación que contrasta con la de autonomías como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Hay que mencionar, además, que la opinión pública suele desconocer que el modelo de financiación autonómica establece recursos adicionales para las autonomías con una lengua cooficial: Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares. El gobierno catalán es el que se lleva la mayor parte de esta financiación extra, aproximadamente el 41% del dinero repartido, lo que equivale a unos 98 millones de euros anuales. Con este trato preferencial se busca fortalecer las denominadas políticas de “normalización lingüística”, que no son más que políticas de sanción contra la lengua castellana financiadas forzosamente por todos los españoles.

Entonces, ¿de dónde surge el mito del expolio fiscal? La respuesta radica en los datos “financiación homogénea por habitante ajustado”. Desglosemos este complicado término. La “financiación homogénea” se refiere a los recursos destinados a financiar aquellas competencias comunes a todas las autonomías como la gestión de los servicios de sanidad y educación. Se excluyen las materias singulares, como la administración de seguridad y justicia. Esta variable se calcula restando de la financiación total la valoración de dichas materias singulares – también llamadas competencias no homogéneas –. Según algunos expertos en el acuerdo entre Zapatero y el tripartito catalán se infló la valoración de dichas competencias no homogéneas, de tal manera que se sustrae una muy relevante de la financiación total que recibe Cataluña para el cumplimiento de las competencias homogéneas. Este indicador de financiación homogénea es el que se presenta a la opinión pública, por lo que se transmite la idea de que el gobierno catalán está mal financiado.

El término “habitante ajustado” significa que los datos no se ponderan por habitante real sino por estimaciones que muchas veces no corresponden a la realidad. Es el caso de Madrid y Andalucía en donde la población ajustada es sustancialmente inferior a la real, lo que ocasiona que el cociente de la financiación por habitante ajustado sea superior al existente por habitante real.

Y hay todavía más… En el año 2012, en un contexto de recesión económica el gobierno español creó el Fondo de Liquidez Autonómico, una línea de crédito a través de la cual el Estado transfiere recursos a las comunidades autónomas para que éstas no tuvieran que buscar financiación en los mercados, pues en ese caso habrían entrado en “default” por cuenta de los altísimos tipos de interés. Desde su establecimiento, el Estado ha repartido unos 180.400 millones de euros. La comunidad más beneficiada ha sido Cataluña que ha recibido desde 2012 un 33% de los recursos del Fondo, es decir, unos 58.800 millones de euros.

Ya quedó demostrado que no existe ningún expolio fiscal hacia Cataluña. Antes bien, es una de las más comunidades autónomas que resultan más favorecidas por el actual sistema de financiación. Probablemente, alguien alce su voz en contra de este favoritismo, argumentando que el sistema debe ser más “justo” y “racional”, proponiendo un reparto más equitativo entre las autonomías. Es entonces cuando los libertarios debemos dejar claro de una vez por todas que la fiscalidad, cualquiera que sea su apariencia, es un vasto sistema de robo y opresión, por el cual algunas personas pueden vivir coactiva y parásitamente a expensas de otros. Estamos hablando de impuestos, es decir, de robo.

Antes de finalizar, permitámonos recordar algunos privilegios, no necesariamente fiscales, de los que ha gozado Cataluña a lo largo de los años. El historiador Gabriel Tortella nos recuerda que durante el siglo XIX el gobierno central estableció una política proteccionista sobre la industria textil catalana, lo que afectó gravemente al consumidor español promedio,  “sólo para que Cataluña tuviese el monopolio del algodón, España pagó el 1% del PIB”. En el siglo XX, en plena dictadura franquista – uno de los periodos históricos más vapuleados por los independentistas – el Caudillo estableció por decreto que solo Barcelona y Valencia podrían realizar ferias de muestras internacionales, un monopolio que duraría 36 años. En 1950 se eligió a Barcelona como sede de la fábrica de Seat (Sociedad Española de Automóviles de Turismo), la única marca de coches española. En la era democrática destacan dos hechos: la elección de Barcelona como sede los Juegos Olímpicos de 1992, que se concibió como un proyecto de Estado, y la relación de cercanía entre el gobierno de Felipe González y empresas catalanas del sector energético, en 1994, el socialista entregó Enagás (monopolio de la red de transporte de gas en España) a manos catalanas, lo mismo ocurriría con Repsol.

  • Cataluña fue un país. La refutación de este argumento podría ocupar volúmenes completos. Lo que debe tener presente el lector es que el gobierno autonómico catalán se ha empeñado en difundir una versión falsificada de la Historia…. Algo más.

Cataluña nunca ha sido independiente. En la Edad Antigua se destaca la presencia de diferentes grupos colonizadores en territorio catalán, como los griegos y cartagineses (siglos VIII a VI a.C); la expansión de tribus ibéricas como los indigetes, los ceretani y los airenosinos, ya para el siglo V a.C, la civilización ibérica había comenzado a consolidarse en la parte oriental de la Península.

En el siglo II a.C comienza la romanización de la Península Ibérica de la que Cataluña no sería ajena. La mayor parte del actual territorio catalán se convertiría en Hispania Citerior, una de las dos provincias en las que quedó dividida inicialmente Hispania. Después del año 27 de la Era Común, formaría parte de la nueva provincia de Tarraconense.

Tras la caída de la parte occidental del Imperio Romano en el siglo V, los visigodos liderados por Athaulf se establecieron en Tarraconense. En el año 475, la actual Cataluña se incorporaría al reino de Tolosa, establecido por el rey Eurico. En los siglos siguientes el reino visigodo perdería la mayor parte de su territorio al norte de los Pirineos, por lo que cambió su centro administrativo a Toledo. Finalmente, en el siglo VIII sucumbiría ante los musulmanes. Durante esta época, los francos combatieron a los invasores en sus incursiones al norte, estableciendo en la Península Ibérica la “Marca Hispánica” donde se establecieron una serie de condados cristianos.

Durante el siglo IX, gran parte del actual territorio catalán estaba compuesto por aquellos condados, de los cuales el más importante era el de Barcelona, establecido en el año 801 por Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno. En el siglo X, dichos condados continuaron dependiendo formalmente del Imperio Carolingio y experimentaron un importante desarrollo social, destacándose la aparición de los aloers, pequeños propietarios campesinos que terminarían convertidos en vasallos tras la consolidación del sistema feudal un siglo más tarde.

En los siglos siguientes, los condados catalanes fueron expandiéndose en número y el Condado de Barcelona emergería como el más poderoso de todos. De hecho, el término “Cataluña” aparece por primera vez en una crónica de principios del siglo XII llamada el Liber maiolichinus, en la que se llama a Ramón Berenguer III, Conde de Barcelona, como dux catalanensis, entre otros apelativos de poderío.

El economista Jordi Franch Parella afirma que los condados catalanes tenían un sistema social que se caracterizaba por la libertad de los campesinos, y por la sumisión de los condes a la Lex Visigothorum, ley que recogía parcialmente el Derecho Romano.

En 1137, se estableció una unión dinástica entre el Reino de Aragón y los condados catalanes, con el matrimonio de la reina Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona. Su heredero Alfonso II de Aragón consolidó la unión dinástica al proclamarse como “rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de Provenza”. De esa manera se constituyó la Corona de Aragón, una entidad política que llegó a consolidar un auténtico imperio marítimo durante los siglos XII y XIII, el cual comprendía partes de la actual Francia, Valencia, las Islas Baleares, Cerdeña y Sicilia.

El Estado resultante fue una monarquía pactista, una confederación de entidades políticas que conservaron sus instituciones tradicionales, manteniéndose unidas nominalmente en la figura del rey de Aragón, cuyo poder estaba limitado por las normas de derecho consuetudinario.

Cada entidad política poseía sus propias Cortes. En el caso de Cataluña, funcionaron desde el siglo XIII hasta el XVIII, eran convocadas por el rey de Aragón y estaban compuestas por tres “brazos”: el eclesiástico, el militar y el real. Cuando el rey proponía las leyes y éstas eran aprobadas, recibían el nombre de “Constituciones”, cuando se aprobaban las leyes propuestas por los brazos se denominaban “Capítulos de Cortes”. A partir del siglo XIV al territorio bajo jurisdicción de las Cortes se le conoció como Principado de Cataluña, el cual se mantuvo como sujeto de la Corona de Aragón.

En el siglo XV, la Corona de Aragón se expandió hasta la Italia continental con la anexión del Reino de Nápoles en 1443. Años más tarde, en 1469 se produciría la unión dinástica entre la Corona de Aragón y el reino vecino de Castilla. De ese modo, a finales de la Edad Media existían cinco grandes reinos en la Península Ibérica: Portugal, Navarra, Castilla y Aragón, y Granada. Éste último era un reducto del dominio musulmán que desaparecería en 1492 tras el fin de la Reconquista.

En 1512, Castilla y Aragón invadieron Navarra, dando vida al Reino de España (o de las Españas). Al ser una monarquía pactista, cada territorio mantuvo su autonomía política, legal, fiscal y monetaria. Los reinos constituyentes sólo tenían en común el hecho de tener el mismo rey, nada más.

  • Cataluña es una nación oprimida desde 1714. Otra mentira histórica. Para entender por qué retrocedamos hasta 1702, año en el que estalla la Guerra de Sucesión en España. El rey Carlos II, último Habsburgo, murió sin descendencia y no existía claridad sobre quién debía sucederlo. La cuestión se dirimió a favor de Felipe, Duque de Anjou, de la Casa de Borbón, sobrino nieto del monarca fallecido y nieto del Rey Luis XIV de Francia.

Ante la amenaza de una expansión del poderío francés, algunas potencias europeas como Inglaterra, Austria y la República Holandesa (la Gran Alianza) apoyaron la pretensión del Archiduque Carlos, de la Casa de Austria. Al no poder zanjar el conflicto pacíficamente, se declaró la guerra en mayo de 1702. En España, surgieron dos bandos: aquellos que defendían el reinado de Felipe V (cuyo bastión se encontraba en el reino de Castilla) y aquellos que secundaban la propuesta de la Gran Alianza (cuyo bastión era el reino de Aragón, que incluía Cataluña).

El conflicto se prolongó hasta 1713-1715, periodo en el que tuvo lugar la Paz de Utrecht, un conjunto de tratados que pusieron fin a las rivalidades: el Tratado de Utrecht (1713), el Tratado de Rastatt (1714) y el Tratado de Baden (1714). Como resultado, España perdió sus posesiones en Europa, las cuales pasaron a la Casa de Austria. Como compensación, la Casa de Borbón retuvo el poder en la España tanto en la Península como en América.

En 1716, Felipe V promulga el Decreto de Nueva Planta de Cataluña – en el marco de los Decretos de Nueva Planta que afectaron a todo el país – por el que se sustituyeron las instituciones del Principado de Cataluña por otras de inspiración castellana. Con ello se introdujo la centralización del poder en España. Sin embargo,  el historiador Pedro Voltes Bou  aclara que esta reforma alcanzó sólo a la esfera política y administrativa, sin afectar la vida material del pueblo catalán ni su lengua ni diversas instituciones singulares, como sus fuentes de Derecho y la organización de los gremios.

En resumen, hemos visto que Cataluña siempre ha estado vinculada a lo que hoy conocemos como España por lo menos desde la Antigüedad. Cataluña no puede entenderse sin España, ni viceversa. Si bien no es el propósito original de este artículo, no sobra hacer un breve comentario sobre la historia de España en clave libertaria, destacando que su proceso de formación se ha desarrollado en gran medida por vías pacíficas, a partir del aprovechamiento de elementos unificadores como la geografía, la profesión de la fe cristiana, la defensa contra un invasor común (los musulmanes) y el uso espontáneo del castellano como lingua franca. Otro elemento notable es la organización política, basada en el confederalismo y en la preferencia por los pactos, sobre el uso de la fuerza. La unión de los distintos reinos, condados, principados y señoríos no supuso la opresión, pues se mantuvo el respeto por las instituciones y modos de vida propios de cada entidad política, hasta el siglo XVIII con la centralización del poder efectuada por Felipe V.

Notas:

[1] En el nacionalismo catalán existen dos ramas: la independentista, que es la que abordamos en este artículo y la federalista, promovida por partidos políticos como el PSC que se han manifestado a favor de un federalismo asimétrico, en el que se reconozcan las particularidades de Cataluña pero sin sacrificar la permanencia en España.

[2] El sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común – Euskadi y Nafarroa están cobijadas por un sistema especial – se rige en la actualidad por la Ley 22/2009, del 18 de diciembre. El modelo acordado establece que la financiación de las competencias autonómicas se realice a través de dos partidas: los tributos cedidos y la transferencia de diversos fondos. A su vez, los tributos cedidos se dividen en dos: aquellos no sujetos a liquidación, que son gestionados y recaudados directamente por las comunidades autónomas, por lo que no estás sujetos a liquidación por parte del gobierno central. En esta categoría encontramos el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tributos sobre el juego, y el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte. Por su parte, los recursos sujetos a liquidación son impuestos que se liquidan por parte de la Administración General del Estado, a saber: la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el rendimiento cedido del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y de los Impuestos Especiales de Fabricación.

Además, la financiación de los servicios transferidos a las comunidades autónomas de régimen común se complementa mediante la transferencia de cuatro fondos: de garantía, de suficiencia, de cooperación y de competitividad.