Poco queda por decir sobre lo que ha ocurrido en las últimas semanas con Cataluña. Sin embargo, quisiera detenerme en tres aspectos que me ha parecido ver mal enfocados o tratados con menos profundidad de la que realmente pueden llegar a tener y que están reflejados en el título que encabeza este artículo: las implicaciones políticas de un referéndum y su naturaleza, a mi parecer, engañosa; el concepto de «autoritario» y una distorsionada visión de quién es el enemigo para quien busca alcanzar una mayor libertad.

Respecto al referéndum, es pertinente hacer una puntualización que puede resultar muy clarificadora en cuanto a la postura de un liberal. Se trata de una mera cuestión morfológica más que política. Al liberal promedio le llueven palos de un lado y de otro al pronunciarse sobre este asunto porque estos días hablar de «un» referéndum y hablar de «el» referéndum tiene implicaciones distintas y puede parecer que uno cae en la contradicción. Idealmente, «un» referéndum en sí mismo puede ser perfectamente admisible. Al final, un referéndum es una forma que tienen los individuos de expresarse, si no es jurídicamente vinculante, o de decidir sobre algún aspecto de su futuro en caso de que sí lo sea. Ello tiene perfecta cabida dentro del liberalismo si se celebra en la forma prevista legalmente. Cuestión aparte es que el liberal tienda a cuidarse del poder y que esta institución «democrática» que es el referéndum pueda ser vista con suspicacia por constituir, en primer lugar, una forma de devolver a los ciudadanos la patata caliente de la responsabilidad que el mandatario sabe que le corresponde asumir pero quiere evitar por el evidente riesgo político de la toma de decisiones complejas y, en segundo lugar, una potencial arma que el político solo pondrá sobre la mesa si previamente se ha asegurado de que, a través del resultado, podrá autoafirmarse (David Cameron, tú no). Y, generalmente, ese «asegurarse» lleva implícita la propaganda lobotomizadora de rigor patrocinada por todos los contribuyentes. Dicho de otra forma, quienes insistimos en mantener a raya al poder político no vemos sino un arma de doble filo en lo que otros, convenientemente, presentan como la panacea de la libertad.

A pesar de todo esto, lo suyo estos días es hablar de «el» referéndum, el que se celebró el 1 de octubre en unas condiciones que deberían haber avergonzado a cualquier ciudadano que exija que el gobernante lo respete mínimamente como sujeto político. Organizar conscientemente una pantomima y generar en el ciudadano la expectativa de que será un instrumento de cambio político cuando, de iure, no tiene ningún efecto vinculante y no se ha convocado en la forma legalmente establecida ni con las garantías pertinentes es, sencillamente, estar convencido de que gobiernas a auténticos borregos. A través de este referéndum las autoridades catalanas hicieron una caricatura del que creen que es el pueblo al que gobiernan y, sorprendentemente, hubo catalanes que se prestaron, acudiendo a votar, a suministrarlos con pinturas y lienzos. Pero más allá de la falta de respeto al ciudadano que fue la chapuza del 1-O y de lo legítimo que pueda ser un referéndum, el que se celebró el 1 de octubre es inadmisible por estar fuera de la ley. Si no se garantiza que la ley impere en unos casos, nadie garantiza que lo haga en otros y se abre la puerta a la arbitrariedad del poder público en todo caso.

A los que han participado de esta pantomima no les quita el sueño en absoluto la posibilidad de que quienes tendrían poder de decidir sobre su dinero, sus libertades y su futuro piensen que un político puede estar por encima de la ley según para qué. Según la causa sea legítima o no. El problema es que cada uno tiene su propia concepción de lo que es legítimo y lo que no y podría haber tantos actos de desobediencia como políticos con opiniones divergentes. Y, señores, los políticos están para acatar y no para hacer y deshacer a su antojo. Para los casos en que las leyes tengan un contenido considerado injusto o que no le sea exigible a determinados ciudadanos, están previstas las instituciones de la desobediencia civil y la objeción de conciencia. Sin embargo, me parecería excesivo considerar que organizar todo un proceso ilegal con apariencia de democracia puede tener encaje en la figura de cualquier tipo de desobediencia. Sin mencionar que la figura de la desobediencia civil tiene su límite en la lealtad constitucional. La única vía para celebrar un referéndum vinculante votado por los catalanes habría sido lograr una reforma constitucional que, para ser justos, el Gobierno nunca quiso contemplar. Y como el Gobierno nunca quiso contemplar una reforma y se conformó con reducirlo todo a un «problema de dinero», la escalada de tensión culminó en una jornada de intervención policial entre patética y trágica que dejó imágenes dantescas y las acusaciones al Estado Español de ser autoritario.

En cuanto al autoritarismo, que se viene predicando del Estado español desde el día de las detenciones y requisas de urnas, hago algunas puntualizaciones. Se dice que el Estado debe garantizar el respeto de una serie de bienes jurídicos y la manera de hacerlo es cernir un mal sobre quienes lesionen dichos bienes. Normalmente esto es acogido con alegría pues se traduce en que el Estado, a través de la amenaza penal, «protege nuestros intereses». Sin embargo, el Estado también tiene intereses propios que igualmente va a defender a través del poder coactivo en que consiste la ley. Tal vez los más evidentes sean su financiación y su continuidad en el tiempo y, como una vertiente de esto último, su integridad territorial, concebida como algo tan sagrado que no veremos a unos pronunciarse sobre la integridad de otros estados amigos en un sentido que les pueda perjudicar. Es una norma de Derecho Internacional no escrita y de práctica muy común que se utiliza para garantizar la estabilidad de los Estados y la pervivencia en el tiempo del Estado-nación como forma de organización política y, de paso, salvar los propios muebles ya que no son pocos los países que tienen tensiones internas por movimientos nacionalistas: «Tú no sacas mis trapitos y yo no saco los tuyos».

Que la ley es amenaza y coacción es una noción básica de primero de Derecho. Te lo explican con el típico ejemplo de si haces A, te pasará B. Si matas (lesionas el bien jurídico vida), te caerá una pena de prisión de entre diez y quince años. Si incumples tus obligaciones tributarias (lesionas el bien jurídico patrimonio de la Hacienda Pública), multa y prisión. La diferencia entre un ejemplo y otro es que, en el primero, el bien jurídico protegido es del interés directo de los ciudadanos (la vida) mientras que, en el segundo, se protege el interés del Estado (su financiación). Sin embargo, todos estos bienes jurídicos conviven juntos y revueltos indistintamente en el Código Penal. Así, para que confundamos sus intereses con nuestros intereses.

En el caso de Cataluña, claramente hay un conflicto de intereses entre un grupo de ciudadanos y el Estado español. Sobra decir que el Estado, si quiere, será el que se lleve el gato al agua por ser quien detenta el monopolio de la violencia legítima y la capacidad de hacer ejecutar lo juzgado. Sin embargo, tal obviedad parece haberse revelado como una sorpresa estos días tras las detenciones, registros y requisas de la Guardia Civil y, posteriormente, con la intervención policial de la jornada del referéndum, provocando la indignación de quienes acusan al español de ser un Estado «autoritario». Pues bien, el Estado español no es autoritario por español sino por Estado. Y, curiosamente, hablan de autoritarismo los mismos que reclaman un Estado para sí confiando en que, en su pretendido nuevo Estado catalán, prevalecerá la naturaleza noble de «lo catalán» desplazando a «lo autoritario» del Estado y vivirán libres de toda opresión. Como si una hipotética república catalana no fuera a darse a sí misma una estructura y unos poderes estatales igualmente coactivos y como si no fuera a garantizar su funcionamiento a través de una amenaza penal que sofocaría las pulsiones secesionistas de, por ejemplo, los habitantes del Valle de Arán: ciudadanos catalanes que, sin duda, representarían una amenaza para la integridad territorial del Estado catalán por su determinación a seguir integrados en el Estado español. En fin, los tics típicamente represores de los Estados. Y el catalán no iba a ser menos. Por tanto, cuando el Estado español reprime para garantizar su integridad territorial está haciendo cosas típicamente estatistas y no típicamente españolas. Por ello considero que se ha estado apuntando al enemigo equivocado: una mayor libertad no se alcanza necesariamente creando estructuras administrativas paralelas a las que molestan; puede lograrse con la misma o mayor eficacia reduciendo a la mínima expresión las ya existentes para que dejen de molestar. Ello no obsta, claro está, para que uno pueda legítimamente desear secesionarse porque esté convencido de que así alcanzará una mayor libertad. Desde luego, hay liberales que sostienen que las secesiones generarían competencia sana entre diferentes marcos jurídicos y que, al dar lugar a Estados pequeños, estos se necesitarían entre ellos y tenderían a cooperar voluntariamente, eliminando sus fronteras y estableciendo efectivamente un espacio de libre circulación de personas, mercancías y capitales.

Dicho todo esto, no parece que los catalanes vayan a lograr un marco de libertades más amplio que el actual en un nuevo Estado alumbrado y dirigido por una amalgama de partidos colectivistas integrada por las ideas socialistas, anticapitalistas y nacionalistas de sus promotores. Por tanto, todas estas personas que ven en los últimos acontecimientos un mayor motivo para reivindicar la independencia respecto de España y no respecto de cualquier aparato jurídico e institucional intrínsecamente represor, no les importa tanto estar oprimidos como quién los oprime y sus reivindicaciones se reducen a un cambio de amo. Y quien vea como camino a la liberación la obediencia a un nuevo amo y no la minimización y el férreo control del mismo está condenado a ser un esclavo.