Contextualizando la LOPD para entender al animal político.

Cualquiera que vaya medianamente bien de memoria recordará cómo, allá por mayo, a despachos y consultoras se les ponían los dientes largos por la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): grandes compañías y pequeñas empresas iban a tener que asesorarse para ponerse al día y modificar sus prácticas profesionales relativas al tratamiento de los datos de sus usuarios y clientes. Estos días, con la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) que desarrolla dicho Reglamento, quienes se frotan las manos son los políticos españoles.

Mientras que el Reglamento europeo considera que las opiniones políticas pertenecen a una categoría de datos especial —y, por tanto, generalmente está prohibido tratarlos sin consentimiento— esta Ley Orgánica faculta a los partidos políticos para elaborar perfiles ideológicos y bombardear con propaganda electoral sin consentimiento en campaña (artículo 58 bis). Sin embargo el político español, tan eficiente y resolutivo cuando se trata de conjurar su propio interés, ha sabido recurrir a una de las excepciones que el RGPD establece para poder tratar este tipo de datos; una circunstancia tan ambigua como es “el interés público”. Efectivamente, el legislador-político español considera de interés público que el ciudadano engulla con embudo su propaganda incluso si ello requiere la vulneración de su intimidad. Tiene un concepto tan amplio de interés público que la línea que separa el interés de los ciudadanos (privacidad y anonimato) de su propio interés (marketing electoral) acaba absolutamente desdibujada para hacer cuajar la idea de que ambos intereses coinciden y de que lo que es bueno para unos es bueno para los otros. Esta modificación supondrá que los partidos podrán acceder a cientos de miles de direcciones de correo, rastrear datos personales y opiniones políticas, seguir las tendencias del electorado y enviar propaganda personalizada, incluso por mensajería móvil (Whatsapp, SMS o Telegram). Encuentre las siete diferencias entre eso y el espionaje. Con tu dinero. Sin tu permiso. Solo queda agradecerles su consideración por haber garantizado la posibilidad de ejercer el derecho de oposición “de un modo sencillo y gratuito”: por defecto te espiaré y te molestaré. Si te molesto demasiado, puedes solicitarme que pare. Para servir estamos.

Si ponemos esta ley en el contexto del marco del RGPD y observamos cómo su aplicación está afectando a empresas no comunitarias y usuarios europeos, lo llamativo no es tanto que el poder público invada la privacidad del ciudadano —como se ha comentado hasta aquí— como que se arrogue el derecho a ser el único que pueda hacerlo, independientemente de lo que el propio ciudadano esté dispuesto a llegar a consentir. Ahora mismo,  en Europa no se puede acceder a los servicios de determinadas empresas o portales no comunitarios porque estos no se ajustan a los estándares de protección de datos impuestos por la Unión Europea en su Reglamento. Frente a posibles sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio global anual, es preferible para ellos dejar de ofrecer sus servicios en Europa pero, ¿Y para los europeos perjudicados por su marcha? Ciertamente, a través de lo dispuesto en el RGPD han creado una tramposa ficción en la que los intereses de todos los europeos en relación a sus datos son homogéneos, cuando la disparidad de comportamientos de los usuarios en la red revela todo lo contrario: hay personas a las que no les importa volcar su vida en las redes sociales y dejar rastro de toda su actividad en forma de datos porque consideran que les compensa el retorno que obtienen en popularidad, información o servicios.  ¿Por qué el sector privado no puede manejar nuestros datos a nuestro antojo y el público sí puede manejarlos a su propio antojo? Esto se extiende a la relación del usuario europeo con cualquier otro prestador de servicios, más allá de las redes sociales. ¿Acaso todo el mundo valora igual sus datos, su información y su privacidad? Respetar la libertad de los consumidores o internautas europeos sería tan sencillo como que la Unión se limitara, a modo informativo, a advertir al acceder a un portal determinado de que no cumple con los estándares de privacidad establecidos por la normativa europea. Y que cada usuario decida si quiere seguir navegando en ese entorno de “desprotección” e “inseguridad” o, por el contrario, salirse.

Todo este asunto es de especial gravedad cuando se trata de medios de comunicación: la mera existencia de sanciones —ya ni entremos en su desproporción— provoca la huida de estos medios de manera que, indirectamente, la severidad de las sanciones del RGPD está resultando en una suerte de restricción a la libertad informativa. Invito al lector a visitar las webs de Chicago Tribune, New York Daily News, Los Angeles Times o Fox5vegas, por mencionar algunas. Si los estándares de protección de datos son tan arbitrariamente fijados como sorteados por los políticos, ¿Qué diferencia, salvo la sutileza y el disimulo, hay entre esto y prohibir, cerrar o perseguir directamente a determinados medios de comunicación? ¿Con qué credibilidad va a condenar la Unión Europea a los gobiernos autoritarios que censuran, vulneran la libertad de prensa e información y elaboran perfiles ideológicos con finalidad persecutoria, si aquí hacen lo mismo pero con el blanqueamiento que supone la aprobación desde unas instituciones democráticas?

Si los políticos han asumido —sin que nadie se lo haya pedido— la tarea de guiarnos por esta travesía hacia lo que ya llaman Cuarta Revolución Industrial, habrá que empezar a plantearse las implicaciones filosófico-políticas del nuevo paradigma que se viene.

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