Continuación de El indulto (I):

VIII.- SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO

Para su tramitación debemos de tener en cuenta, además de lo dispuesto en la LI, lo establecido en la Orden de 10 de septiembre de 1993, por la que se dan instrucciones sobre la tramitación de solicitudes de indultos.

Se requiere dirigir la solicitud al Ministerio de Justicia. que incoa expediente al que se acompaña informe del Tribunal, hoja histórico-penal e informe del Jefe del Centro Penitenciario en donde pudiera estar recluído el condenado, o al Delegado o Subdelegado del Gobierno de la provincia de su residencia, si la pena no consistiese en la privación de libertad. Oirá, además al Fiscal y a la parte ofendida si es que la hubiere.

Vamos a distinguir, tal y como hace De Urbano Castrillo, entre vías distintas de tramitación de los indultos:

Vía general u ordinaria: Se da cuando quien procede a solicitar el insulto son los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, el Tribunal sentenciador o el Gobierno.

Será necesario enviar escrito al Ministerio de Justicia por conducto del Tribunal sentenciador toda la información relativa a la causa judicial y al penado, Juzgado o Tribunal que dictó sentencia,etc. Por otra parte, entre la documentación a acompañar, está la fotocopia de la sentencia o sentencias del caso, y fotopia del DNI o pasaporte del penado, así como la documentación que ayude a acreditar la reinserción del penado y, si es drogodependiente, documentación relativa al proceso de desintoxicación al que esté o haya estado sometido.

A falta de documentación, se concede plazo para la subsanación.

Tenemos como elemento clave del procedimiento ese informe del órgano sentenciador, que se emite una vez solicitados y recibidos el informe sobre la conducta del penado, y habiendo siendo oídas las victimas y recibido el dictamen del Ministerio Fiscal.

En este informe, el Tribunal expresa su criterio favorable o contrario para proceder a la concesión del indulto y concretando el alcance de la concesión de gracia, si es que ha sido favorable.

Finalizada la tramitación del expediente, la Unidad de Indultos del Ministerio de Justicia, formula propuesta motivada de resolución. Si es aprobada por el Subsecretario y el Ministro, se eleva al Consejo de Ministros, que tras la pertinente deliberación, dictarán la oportuna resolución, mediante Real Decreto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Tanto si es concedido como si no, se notifica a los interesados y al Registro Central de Penados y Rebeldes.

La aplicación de la gracia habrá de encomendarse indispensablemente al Tribunal sentenciador y ejecutor para su aplicación y cumplimiento.

• Vía particular: Se trata de aquella que establece el art. 206 del Reglamento Penitenciario, en el que se prevé la posibilidad de que la Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico, podrá solicitar del Juez de Vigilancia Penitenciaria la tramitación de un indulto particular, en la cuantía que aconsejen las circunstancias, para los penados en los que concurran durante un tiempo mínimo de dos años y en un grado que se pueda calificar de extraordinario, todas y cada una de las siguientes circunstancias:
a) Buena conducta.
b) Desempeño de una actividad laboral normal, bien en el Establecimiento o en el exterior, que se
pueda considerar útil para su preparación para la vida en libertad.
c) Participación en las actividades de reeducación y reinserción social.

Cuando se acrediten dichas circunstancias, la Junta de Tratamiento formulará al Juez de Vigilancia Penitenciaria, propuesta de indulto. Recibida la propuesta con los informes, el Juzgado incoará expediente y lo pasará para informe, al Ministerio Fiscal, dictando luego auto motivado proponiendo la concesión o no de indulto.

Luego se procede a remitir actuaciones al Ministerio de Justicia que comunicará, finalmente, resolución concediendo o denegando indulto al Centro Penienciario y al Registro Central de Penados y Rebeldes.

Por otra parte, tal y como dispone el art. 32 LI, la solicitud o propuesta de indulto, no suspenderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, salvo que la pena impuesta fuese la de muerte. Sobre la pena de muerte también hace mención el art. 29 LI, artículos desfasados, que chocan frontalmente con lo dispuesto en el art. 15 CE y que, entre otros motivos, dan muestra de la necesidad de reformar esta Ley.

IX.- ¿CABE EL CONTROL DEL INDULTO?

En la STS 546/2013, de 20 de febrero de 2013, se hace mención al indulto como una potestad extraordinaria de intervención del Poder Ejecutivo en el ámbito de las competencias del Poder Judicial , pero diferenciando entre la prerrogativa de gracia aceptada en un Estado de Derecho con la indulgentia propia de la Roma imperial o de las monarquías absolutistas, cuyo ejercicio y extensión no respondía a más que la voluntad de su titular.

Cuando se impugna un Decreto de indulto cabe el control por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, conforme a los arts. 2 y 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Dice la STS 5997/2013, de 20 de noviembre de 2013, que «el indulto implica el ejercicio del derecho de gracia constitucionalmente reconocido, mediante una actuación individual y excepcional del Gobierno, reunido en Consejo de Ministro, no encuadrable en la antigua categoría legal de los actos políticos, y que, pese a su no consideración como acto administrativo , tiene como núcleo esencial y ratio essendi, su carácter discrecional».

El control jurisdiccional no se extiende ni al núcleo de la gracia, ni a la valoración del contenido de los informes reglados a los que se refiere la LI, pero sí a la no concurrencia de arbitrariedad en la concesión. A ello hace referencia reiterada jurisprudencia (STS 2224/2014, de 6 de junio de 2014).

La doctrina del Tribunal Constitucional afirma que «el indulto, en cuanto figura del derecho de gracia, corresponde decidirlo al Poder Ejecutivo concediéndolo el Rey sin que esas decisiones sean fiscalizables sustancialmente por parte de los órganos jurisdiccionales, incluyendo este Tribunal Constitucional».

«El ejercicio del derecho de gracia de indulto se configura como un acto controlable en vía jurisdiccional, según hemos declarado en reiterada jurisprudencia de esta Sala [...] el control que esta jurisdicción contencioso administrativa puede ejercitar sobre el tipo de acto de que aquí se trata se encuentra limitado a los aspectos formales de su elaboración; concretamente, a si se han solicitado los informes que la Ley establece como preceptivos, informes que, por otro lado, no resultan vinculantes. Y ello, puesto que el control jurisdiccional que nos corresponde es el de los elementos reglados en cuanto al procedimiento para solicitar y conceder la gracia de indulto».

En definitiva, como señala la STS 1085/2018, de 21 de marzo de 2018, «el Gobierno será libre para elegir y valorar las muy variadas razones de «justicia, equidad y utilidad pública», que, en cada caso y a la vista de sus concretas circunstancias, le lleven a otorgar el indulto - sobre las que no cabe un control jurisdiccional de clase alguna-, pero que han de guardar la necesaria coherencia con los hechos que constituyen su soporte fáctico, y esto sí puede ser comprobado por el órgano jurisdiccional a fin de descartar todo atisbo de arbitrariedad, proscrita por el art. 9.3 CE».

X.- EFECTOS

Para que tenga efecto la concesión del indulto, hay que hacer mención expresa, al menos, a la pena principal sobre la que recae la gracia. En caso contrario, será nula y no producirá efecto ni deberá ejecutarse.

Lo normal es que el indulto de la pena principal, lleve consigo el de las accesorias que con ella se hubiesen impuesto al penado, a excepción de las de inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos y sujeción a la vigilancia de la Autoridad, que no se tendrán por comprendidas si de ellas no se hubiera hecho especial mención en la concesión. Además, puede concederse el indulto de pena accesoria con exclusión de la principal y viceversa, a no ser que fueran inseparables por su naturaleza y efectos.

Si se da indulto de pena pecuniaria, se eximirá al indultado del pago de la cantidad que aún no hubiese satisfecho, pero no comprenderá la devolución de la ya pagada si no se determina expresamente así.

Se produce con el indulto, la remisión de todas las penas o sólo de algunas, en función del tipo de indulto que se haya concedido. Por otra parte, respecto a la conmutación de la pena impuesta al delincuente por otra menos grave, se dará en el caso de indulto parcial.

Conmutada la pena principal, se entenderán conmutadas también las accesorias por las que correspondan, siempre que no se hubiese dispuesto otra cosa en la concesión de la gracia.

XI.- SITUACIÓN DEL INDULTO: CASO JUICIO PROCÉS

Al comienzo de este artículo puse, entre otros ejemplos, el posible indulto en el juicio del «procés», pero ¿podrían ser indultados los encausados?

En primer lugar, aún no se puede de hablar de indulto, dado que no hay una sentencia firme condenatoria. Por otra parte, el indulto implica de por sí un reconocimiento de que los hechos que se han llevado a cabo son efectivamente constitutivos de delito y no están por la labor de hacer tal reconocimiento, tal y como ya han manifestado en numerosas ocasiones los independentistas.

Aunque a pesar de lo que he señalado, el pánico ante la posibilidad de la concesión del indulto a los aún encausados es más que palpable, llegando incluso el PP a presentar hace unos meses una proposición de ley para modificar la LI y que esta excluya la concesión del indulto a los condenados por rebelión y sedición.

Pero volvemos a lo que señalé más arriba: el Gobierno no puede actuar arbitrariamente a la hora de conceder la gracia de indulto, dado que ello resulta contrario al art. 9.3 CE, por tanto, tal decisión ha de estar fundada de alguna manera.

Si se diera el caso de que se produjeran los indultos, la Sala 2ª del Tribunal Supremo tendría que emitir un informe valorando aquellas pruebas e indicios que arrepentimiento que se hubieran observado. Este informe, luego, se trasladará al Ministerio de Justicia.

Si la resolución para conceder el indulto fuera favorable y se hubiera publicado el Real Decreto correspondiente, cabe interponer recurso contencioso-administrativo para su control por la Sala 3ª del Tribunal Supremo con los límites ya señalados.

XII.- BIBLIOGRAFÍA

CHAVES GARCÍA, J.R.: La ocasión perdida para controlar los indultos, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 888, 2014.
DE URBANO CASTRILLO, E.: El indulto, en la actualidad, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 11, 2017.
DE URBANO CASTRILLO, E.: El indulto, una medida excepcional, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 856, 2013.
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T-R.: Los indultos también van al Supremo, disponible en https://www.abc.es/opinion/abci-indultos-tambien- supremo-201902280101_noticia.html
MARLUENDA MARTÍNEZ, A.: El indulto, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 856, 2013.
TENA ARREGUI, R.: La reforma del indulto para excluir los delitos de rebelión y sedición, disponible en https://hayderecho.expansion.com/2018/09/25/la-reforma-del-indulto-para-excluir-los-delitos-de-rebelion-y-sedicion/

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