Ante las diferentes respuestas que “Sentencia del Procés” ha desencadenado en España durante la última semana, no cabe sino realizar una reflexión profunda sobre su entidad e implicaciones.

En estas líneas, abordaremos los antecedentes de la actual situación y expondremos brevemente las consecuencias penales, políticas y sociales de la condena impuesta a diversos políticos catalanes por intentar quebrantar el orden constitucional español.

Para comprender la naturaleza del separatismo catalán de nuestra época, se hace necesario regresar a 1978, momento de redacción de la Constitución Española y verdadero punto de inicio de la España democrática. Desde el punto de vista de su contenido, dicha Constitución se enmarca dentro de la tradición continental de textos postmarshallianos en los que se establece un estado social y democrático de derecho de tintes partitocráticos. Todos estos rasgos se explican por dos razones: 1) el clima de guerra fría en que se elaboró y 2) la necesidad de surgir de un consenso entre los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en el año 1977 con el ánimo de positivizar jurídicamente la reconciliación. Ello explica que en su elaboración participaran siete ponentes que abarcasen todo el espectro ideológico; ucedistas, comunistas, aliancistas (conservadores), socialistas y nacionalistas catalanes. Son los conocidos como “Siete Padres” de la Carta Magna. Las particularidades inherentes a la Transición española, así como la ausencia de una mayoría ideológica clara expresada en el Parlamento, exigieron de los partidos políticos la aceptación de concesiones en aras de lograr un acuerdo final. Entre todas ellas, conviene que nos centraremos en las realizadas a los nacionalistas, entre las que destacan la inclusión del término “nacionalidades” en el artículo 2 y un régimen territorial de Comunidades Autónomas, que en virtud del artículo 148, confiere a las diferentes regiones un gran número de competencias administrativas, las conocidas como transferencias desde el Estado central, siendo en la actualidad Cataluña la Comunidad Autónoma con mayor número de competencias y nivel de autogobierno (especialmente desarrollado por los pactos de legislatura entre Aznar y Pujol en 1996). Con ello, se ha dado lugar a lo que la mejor doctrina iuspublicista ha denominado “federalismo asimétrico”.

Tras la elaboración de la Constitución y su posterior aprobación por las Cortes, se procedió a su ratificación popular mediante referendum en el año 1978, con porcentajes de aprobación que rondaban el 90% en el conjunto de España, y también en la propia Cataluña. Por esas mismas fechas, comenzó en Cataluña un gobierno que se prolongaría durante más de veinte años de la mano del “president” Jordi Pujol, líder del extinto partido conservador-nacionalista Convergencia i Unió, quien se erigió en interlocutor único de los intereses de la pujante y poderosa burguesía catalana ante los sucesivos (y, a menudo, débiles) gobiernos de Madrid.

Durante este tiempo, Pujol, a la sazón líder de un clan familiar dedicado al expolio de la economía de su región, así como fiscalizador absoluto de sus instituciones, comenzó un proceso que ha culminado en estos años con el estallido social de la región. De manera velada y con la habitual condescendencia de los diferentes gobiernos centrales, incluidos los de González y Aznar, que en un punto u otro de sus mandatos necesitaron del apoyo parlamentario de CiU, no sólo para ser investidos, sino también para gobernar, Pujol tomó para sí y moldeó de manera los principales órganos de control de la ciudadanía. Creó una red clientelar en las instituciones catalanas que se mantiene en la actualidad, impuso un modelo educativo de marginación del castellano como lengua común y de tergiversación de contenidos educativos, se garantizó que su criterio político se elevara a doctrina oficial en los medios de comunicación públicos, cuando no también en los privados, y creó igualmente un cuerpo de policía autonómica con el fin de garantizarse una inviolabilidad de facto y que quedase sometida a las presiones de los líderes independentistas.

Con este proceso ya comenzado y en taimado pero pleno funcionamiento, con la colaboración directa o indirecta del Gobierno central del socialista Jose Luis Rodriguez Zapatero, llegamos a los años de la Gran Depresión y, con ellos, a su utilización por el movimiento independentista como fábrica de nuevos acólitos. Fue el cacareado “España ens roba”, un lema que escondía lo que comenzaba a ser una base ideológica supremacista con aires de grandeza frente al resto de España, es decir, frente a los inmigrantes de diferentes regiones llegados a la otrora pujante economía catalana, los “charnegos”.

Es en este momento, cuando las exigencias de los políticos catalanes llegan a su punto álgido a raíz de la derogación de la reforma del Estatuto de Autonomía catalán por parte del Tribunal Constitucional en el año 2010. Ahí es donde comienza la fase crítica del proceso, con convocatorias sucesivas de referendos de autodeterminación ilegales y estériles, que se encontraban enfrente con la torpeza o inacción del gobierno central de Mariano Rajoy.

Así llegamos al referendum ilegal del 1 de octubre de 2017, convocado por el gobierno de Carles Puigdemont. El resultado del mismo, un despliegue policial en Cataluña que llegó tarde, no impidió su celebración y permitió al independentismo catalán enarbolar una vez más la bandera del victimismo, todo ello con el dinero público de todos los españoles. A ello siguió una declaración unilateral de independencia el día 27 de octubre de 2017, que derivó en la aplicación por parte del Gobierno Central previa aprobación del Senado, del artículo 155 de la Consitución por primera vez en democracia. Un elemento que conllevó la supresión de la autonomía catalana y la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas, ante el comportamiento contrario a la legalidad del gobierno catalán.

Tras ello, miembros del gobierno catalán y otros líderes independentistas fueron llevados ante la justicia por lo acontecido durante los meses de septiembre y octubre. Durante los mismos, la clase política catalana incitó y se sirvió de la violencia contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desplazados a Cataluña, se ordenó a los Mossos de Esquadra (policía autonómica) no participar de las actuaciones policiales ordenadas por el ministerio y el propio poder judicial, incluso colaborar en la realización del referendum de autodeterminación. Se llegó incluso a impedir la acción de la justicia en diversas ocasiones, donde destaca el desempeño de los líderes de la ANC y Omnium Cultural en los disturbios frente a la Consejería de Economía durante los registros judiciales en los días posteriores al 1-O. Asimismo, se incumplió de manera contundente la legalidad con la DUI, la supresión de las funciones del Parlamento catalán y la malversación de fondos públicos para una consulta ilegal. Todo ello, ha llevado a que los políticos a los que hacíamos referencia previamente hayan sido condenados por el Tribunal Supremo por malversación y delito de sedición a penas que oscilan entre los dos y los trece años de prisión, según su participación en los hechos. Una sentencia cuya valoración dejaremos en manos de los juristas, pero que, en vista de lo laborioso de las diligencias e instrucción del caso, así como del escrúpulo con el que la sala del Tribunal Supremo ha procedido con la vista oral, podemos afirmar que ha respetado todas las garantías legales.

Tras la publicación de la sentencia el día 15, filtración previa mediante, se han sucedido las reacciones políticas: respaldo total a la sentencia, exigencia de penas mayores por un delito de rebelión (condenas similares a los actores principales del golpe de estado del 23-F), críticas a la consejería de justicia catalana, de quien dependen las prisiones catalanas, por el trato de favor dispensado hacia los políticos presos y, por supuesto, presión de los grupos independentistas que consideran esta sentencia un juicio político y piden la absolución de los condenados.

Son estos hechos los que han servido como detonante de los tristes sucesos que han tenido lugar estos días en Cataluña. Manifestaciones independentistas violentas y pacíficas se han sucedido a lo largo de la semana en múltiples ciudades catalanas y, con especial intensidad, en Barcelona, donde los manifestantes han llegado a colapsar el aeropuerto de El Prat, y han protagonizado disturbios de significativa gravedad en las zonas céntricas de la urbe, en una estampa bochornosa que compromete especialmente la imagen de Cataluña y del resto de España, y que retrata la irresponsabilidad de los políticos independentistas que, en su mayoría, han justificado estas acciones y han empleado a los manifestantes (en su mayoría estudiantes) como escudo para sus aspiraciones políticas. Y ello sin olvidar la aparente inacción del gobierno central, temeroso de que una intervención contundente merme sus aspiraciones políticas ante las inminentes elecciones.

Ahora que el lector cuenta con un resumen general, es momento de valorar las implicaciones que el mismo puede tener para la libertad en nuestro país. Son mucho los liberales, especialmente en el extranjero, que se dejan seducir por un movimiento que presenta para ellos una lucha por la libertad, pero nada más lejos de lo que persiguen. El movimiento independentista, legítimo y que cuenta en nuestro país con cauces políticos y legales para llevar a cabo sus planteamientos, hace ya mucho tiempo que abandonó mayoritariamente los mismos, convirtiéndose en un colectivismo identitario que ha ocasionado una fractura social en Cataluña de difícil solución. Como liberales debemos comprender que la legalidad constituye el tablero de juego tanto para el desarrollo de cualquier sociedad libre, como para la coexistencia de las diferentes ideologías, por lo que atentar contra la misma, como se lleva haciendo en Cataluña durante las últimas décadas, supone un grave menoscabo de las libertades de todos los españoles, de la igualdad de derecho entre los mismos, así como de la seguridad jurídica necesaria para el crecimiento social y económico. Nos encontramos, pues, ante un conflicto originado principalmente por políticos de todas las ideologías y, en consecuencia, deberán ser ellos mismos, junto con la sociedad civil, quienes, empleando los cauces legales previamente establecidos, encuentren una salida a este laberinto que dura ya demasiado tiempo.

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