Analizo cómo la 'justificación' principal del TC para declarar constitucional la asimetría penal implícita en la LIVG se basa en una falacia metodológica, aportando los argumentos racionales omitidos por el Alto Tribunal. También aporto la idea central del esquema filosófico de las leyes y políticas públicas de género.

En 2008 el Tribunal Constitucional -órgano que no forma parte del Poder Judicial y que debería suprimirse y convertirse en una Sala del Tribunal Supremo- avaló la "constitucionalidad" de la ley que encuentra un móvil en el género a la violencia. Concretamente, el Alto Tribunal justifica la asimetría penal mayor sobre el varón en delitos de violencia en el seno de una relación o no y en el ámbito familiar o fuera de él, arguyendo "razones de discriminación histórica" de la mujer. El estropicio jurídico de esta sentencia estriba en que normaliza hechos pasados globales para casos específicos de malos tratos, conectándolos con situaciones pretéritas de discriminación social de la mujer, cuya magnitud no sólo es imposible de medir con exactitud, sino que constituye una quimera penal metafísicamente inviable de codificar, esto es, de traducir y plasmar en un texto legal sin incurrir en una clara arbitrariedad por parte del legislador.

El análisis histórico de la discriminación negativa de la mujer no es un hecho inmutable, de modo que asumirlo de esta manera es, por no decir otra cosa, un error.A saber, la evolución social de las sociedades occidentales, en lo referente a los derechos civiles e individuales de las mujeres, especialmente, pero también en lo referente a las libertades de todos los ciudadanos en general, se ha limitado a ir recogiendo legalmente la realidad de plena igualdad moral y jurídica de las mujeres, si lo analizamos en nivel con los derechos civiles de los hombres. El vehículo evolutivo de este proceso espontáneo no ha sido el diseño del legislador, que se pretende omnicomprensivo, sino el que el propio marco de libertad de nuestra civilización occidental le ha facilitado para descubrir estos hechos humanos, a diferencia de la situación de dominación cultural de la mujer en las sociedades islámicas.Por ende, la caracterización general de los hechos históricos vinculados con la opresión de la mujer, no pueden encuadrarse dentro de la responsabilidad penal del sujeto presente, en tanto que supone un acto de castigo adicional en diferido, que recae sobre el susodicho en la forma jurídica de una pena judicial superior a la de la mujer para un mismo delito.

El despropósito antijurídico del órgano constitucional parte de la base de una metodología de análisis social colectivista y de una perspectiva historicista -de cuyo origen totalitario y antiigualitario nos advirtió Karl Popper en su magnífica obra La Sociedad Abierta y Sus Enemigos-. Dicha metodología y perspectivaconducen al Tribunal Constitucional español a la conclusión falaz de que la asimetría penal está "justificada". El principal elemento pseudo-jurídico que puede extraerse de la ‘’constitucionalidad’’ de esta legislación es un intento subyacente de reconstrucciónsocializada de los daños ‘’históricos’’ infligidos sobre los derechos de las mujeres del pasado, que, según esta teoría, han sido arrastrados hasta los derechos de las mujeres contemporáneas. Con todo lo que ello conlleva, si partimos de un determinado punto, esta perspectiva no nos permitiría progresar en una línea temporal, sino que la historia quedaría paralizada, estacionaria.

Y es que el fallo que proclama constitucional la denominada Ley Integral de Violencia de Género (LIVG) deriva de un pensamiento jurídicamente hemipléjico, pues si la ‘’constitucionalidad’’ encuentra amparo en un hecho de acción afirmativa -o discriminación positiva-, desde la perspectiva social que emplean los propios Magistrados, puede observarse que éstos obvian la prospección de que el efecto jurídico de la discriminación positiva de la mujer inducirá las condiciones objetivas para la génesis social del opuesto a la acción afirmativa: valga decir, la discriminación negativa del varón no sólo en términos penales, sino también en términos sociales e institucionales. El signo más evidente lo estamos viendo con los últimos acontecimientos sociales y políticos que han puesto en cuestionamiento la ley aquí analizada. Y no es para menos.

Pero hay más. Si la meta de la ‘’constitucional’’ LIVG es eliminar la "desigualdad" o "inferioridad" de la mujer en relación al varón, es prudencialmente exigible que la resolución del Tribunal Constitucional precise, en clave jurídica, si habrá ultima temporibus iuris (un momento del futuro) en el que, como cultural y socialmente habrá desaparecido el machismo ‘’social’’ (¡porque el homo sapiens superior no delinquirá jamás!), la retirada de la LIVG será un hecho necesario. El contexto sociológico haría perentorio suprimir la asimetría penal y la inversión de la carga de la prueba, bajo la consideración legal de que de continuar vigente la ley que categoriza de género la violencia, habría entrado en período de caducidad y sería discriminatoria por razón de sexo (elemento último que ya reúne). Como vemos, si las conclusiones del Tribunal Constitucional se llevan hasta sus últimas consecuencias, puede demostrarse no sólo la inconstitucionalidad de la LIVG, sino también el esperpento utópico y totalitario implícitos en el articulado del texto legal. Esto no se incluye en la especificación constitucional, así que podemos evaluar remota -o nula- la amplitud de la sentenciasobre los parámetros de medición de aproximación de la LIVG a su meta, debido a la no-evaluación deliberada y parcial en origen de la totalidad de criterios factuales, que llevarían a los Magistrados a darse cuenta del sinsentido jurídico en que estaban incurriendo. Y, lo que es peor, en el grave atentado contra una de las conquistas de las democracias liberales, la igualdad ante la ley, característica fundamental del Estado de Derecho (de la que los trabajos de los profesores Friedrich Hayek y Bruno Leoni hablan extensamente, con gran énfasis en las relaciones humanas como sustento del orden social liberal).

La "constitucionalidad" de LIVG descansa sobre una falacia perceptiva de la historia social y antropológica de las relaciones humanas (marxismo metodológico), y supone un grave retroceso al pasado que deberemos combatir cultural, intelectual e ideológicamente allá donde podamos. No puedo terminar este escrito sin referir que detrás de la LIVG y las políticas públicas de la ideología de género, hay algo más: un esquema filosófico no por casualidad análogo a los ciclos históricos en que el marxismo teórico divide la historia (comunismo primitivo o sociedad tribal, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo -dictadura ‘’legal’’ del proletariado- y comunismo o sociedad ideal superior). Según el esquema psicoanalítico de la izquierda actual, traducido con algunas modificaciones sustanciales en el marxismo cultural, la historia evoluciona ‘’inevitablemente’’ en esa dirección. Esta concepción parte de pensar que en un momento dado indeterminado del comunismo primitivo tuvo lugar la ruptura de la igualdad total que desencadenó una serie de eventos fenomenológicos que terminarían por desembocar, otra vez, en el comunismo superior, tras instaurarse por ley la dictadura del proletariado -socialismo-, que recuperaría y reconstruiría ‘’para siempre’’ la armonía, la igualdad social total y la abundancia ‘’eterna’’. El esquema filosófico-mental que el PSOE hizo subyacer en la LIVG es análogo a éste, pero encapsulado en un sistema micromarxista. Sin embargo, al plantearse la meta de la reconstrucción socializada comentada al principio de este análisis, en que presuntamente habrá desparecido el machismo que califican de ‘’social’’, la similitud de origen de la LIVG con la metodología filosófica marxista se revela evidente, instrumentalizando la violencia contra la mujer (y también la identidad individual). De hecho, no sería menos coherente con todo hablar de luchas de sexos en lugar de luchas de clases, como una nueva estrategia del neomarxismo para implosionar desde dentro, con el control estatal en todo momento, las relaciones humanas privadas, invirtiendo, así, y por defecto, el código moral no-escrito en que se cimentan todas las otras formas de cooperación social de las democracias liberales, incluidas las relaciones económicas, que por añadidura se estatalizarían, ya que proceden de las antecitadas relaciones humanas privadas.

Hay una interesante conferencia en el Instituto Juan de Mariana, disponible en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=2vcr7hAHU0s  en la que la con todo acierto la profesora María Blanco habla de Las Políticas de Género: La Nueva Dictadura, y, aunque no se enfoca específicamente en la LIVG, nos aporta muy buenos elementos intelectuales para entender el sustrato anterior, la ideología y el feminismo estatales de género.

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